Por: Fritz Sánchez @Fritz_A_Sanchez en “X” (Twitter)

Una marcada y sostenida crisis económica, la ausencia de políticas públicas -incluso de Estado de Derecho-, sumado a la promoción de la actividad aurífera ilegal por parte de mafias nacionales y extranjeras, cubiertas bajo un manto de impunidad y corrupción por parte de los organismos de seguridad llamados a preservar las áreas protegidas y las comunidades que la habitan, las cuales han potenciado la instalación de economías ilícitas a lo largo y ancho del estado Amazonas, bajo la mirada, por lo menos indiferente, de las autoridades políticas y militares a todo nivel.
En este contexto de aparente anarquía, las gobernanzas criminales asociadas a las economías ilícitas afectan particularmente a las niñas y mujeres indígenas. Su vulnerabilidad se incrementa ante la debilidad institucional municipal, el escaso acceso que tienen a una educación formal y la barrera idiomática.
En este sentido, las niñas y mujeres indígenas han sido un “blanco fácil” para la trata de personas, para quienes manejan las “currutelas” o locales de prostitución, dónde se llega a pagar entre 3 a 5 gramas de oro -según la mina-, por el acceso sexual a una adolescente indígena.
La fragmentación territorial por parte de los grupos armados irregulares, quienes limitan el acceso de organizaciones y activistas de Derechos Humanos a las zonas mineras, dificulta la documentación y localización de las víctimas, así como el conocer la población o número real de personas, en estado de esclavitud moderna.
A la violencia y explotación sexual, se le suma el desplazamiento de comunidades y la afectación a sus formas y estilos de vida. Físicamente, la minería ilegal destruye los ecosistemas donde los pueblos indígenas hacen vida, degradando su calidad de vida, asimismo contaminan los ríos con mercurio, de los cuales obtienen su principal fuente de proteína (peces). Situación que va mermando sus costumbres y tradiciones ancestrales con relación a su entorno, mientras una cultura minera se va fortaleciendo con el pasar del tiempo.
No obstante, numerosas voces como Amelia Conde indígena del pueblo uwöttüja, coordinadora general de Mujeres Indígenas de Autana, se mantienen firmes contra el extractivismo y por la revalorización de las culturas indígenas y sus formas y estilos de vida.
El Estado al haber permitido -por acción u omisión-, el avance del extractivismo aurífero ilegal en todo el territorio amazonense, tiene la responsabilidad de detenerlo, pero también de generar políticas públicas a la población minera -tanto criolla, como indígena-, a fin de coadyuvar esfuerzos para lograr fuentes de ingresos sustentables y legales.
La asistencia a niñas, adolescentes y mujeres indígenas, victimas de violaciones de DDHH o en estado vulnerable, deberá atenderse integralmente, así como el documentarse para establecer protocolos que eviten que vuelvan a ocurrir.

Por Web Admin

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