Por Nelson Ventura Puerto Ayacucho 31/3/23. Este 20 de marzo se cumplió un año de la masacre yanomami en Parima B, comunidad del Municipio Alto Orinoco del estado Amazonas en la que fueron asesinados cuatro yanomamis entre ellos una mujer y quedaron tres heridos..
Recordemos que se informó del conflicto por el uso de una antena o red de Wi Fi en la Base Aérea de la Fuerza Aérea Venezolana ubicada en esa lejana comunidad. Hecho que produjo un enfrentamiento armado entre los militares y los ciudadanos yanomamis, con el fatídico resultado.
Desde ese día el caso se ha manejado de forma inescrupulosa, signado de hermetismo, manipulación y olvido, quedando esos asesinatos en total impunidad.
Lo mas grave no es la institucionalidad de la negligencia y la manipulación, solapando la responsabilidad militar o la impunidad del caso, lo verdaderamente grave es que se demuestra fehacientemente es que allí hubo negocio de vidas humanas, por parte de las autoridades, desconociéndose el estado de derecho y la dignidad humana.
En base al encuentro del 30 de marzo de 2022 entre el gobernador del estado Amazonas y el Alcalde del Alto Orinoco en la Vicepresidencia de la República, se desprende el acuerdo, ya que desde ese día trasladaron muchos materiales de construcción y bolsas de comida a Parima B, así negociaron la impunidad
Lo poco que se sabe sobre éstos asesinatos es que en los días subsiguientes a la masacre, la comunidad rodeo la base militar y no permitió acceso, hasta la negociación.
Se dijo que buscaron mediación, buscaron el acuerdo y parece que lo lograron,
Los militares involucrados fueron trasladados a otras bases como un cambio rutinario.
El 23 de marzo el Fiscal General Tareck William Saab anunció en su cuenta twitter 1) DESIGNADOS <twitter.com/hashtag/DESIGNADOS?src=hashtag_click> en Amazonas el Fiscal 91 Nac en materia indigenista y la Fiscal 4 de Derechos Humanos, para investigar <twitter.com/hashtag/investigar?src=hashtag_click> conjuntamente con expertos del CICPC <twitter.com/hashtag/CICPC?src=hashtag_click>: denuncia <twitter.com/hashtag/denuncia?src=hashtag_click> sobre enfrentamiento entre indígenas yanomami y funcionarios militares.
2) Dichos fiscales se trasladaron a la comunidad de Parima B ubicada en el municipio Alto Orinoco -junto a una comisión policial y de expertos- para realizan las experticias <twitter.com/hashtag/experticias?src=hashtag_click> pertinentes y determinar <twitter.com/hashtag/determinar?src=hashtag_click> las responsabilidades <twitter.com/hashtag/responsabilidades?src=hashtag_click> a que haya lugar
En junio la prensa informó que fueron 165 casquillos de balas que recogió el CICPC en Parima B.
Los fiscales hicieron reuniones con miembros de esa comunidad in situ.
Un año después se desconoce el estado de las investigaciones, nunca hubo ninguna imputación y mucho menos una orden de aprehensión.
Han sido muchísimas las intervenciones, denuncias y pronunciamientos sobre este y otros casos de violación flagrante de derechos humanos en comunidades indígenas por organizaciones especializadas como, entre muchas otras, Wataniba, ORPIA, PROVEA, FUNDAREDES, COIBA, Radio Fe y Alegría, OIPUS, Foro Penal; frente al silencio sepulcral de las instituciones del Estado.
No es la primera y única masacre impune de yanomamis en Venezuela, conocimos en 1993 las de Haximú, Irotatheri y ahora Parma B, sin ningún tipo de juicios.
Los expertos no dan la respuesta a esta masacre y se encuentra en las siguientes interrogantes ¿Se aplicó la ley de los goajiros? ¿Se pagan los muertos por arroz y pasta? ¿Qué hace la Guardia Nacional en el Delgado Chalbaud? ¿Qué relación tienen con los Yanomamis? ¿Por qué dispararon? ¿Es la justicia indígena? ¿Tiene algún valor la vida de los yanomamis?
